Gobierno Trump destruirá fármacos abortivos que iban a ser reetiquetados y enviados a países pobres
Fuente: Razón+Fe
La administración Trump ha confirmado su decisión de destruir fármacos contraceptivos y abortivos valorados en 10 millones de dólares, una medida que los provida celebran como un paso significativo en el cumplimiento de las políticas estadounidenses contra el financiamiento de actividades relacionadas con el aborto en el extranjero.
Esta determinación se alinea con el restablecimiento de la Política de Ciudad de México, que prohíbe el uso de fondos de los contribuyentes para organizaciones que promueven o realizan abortos en otros países. El arsenal de medicamentos, que incluye píldoras anticonceptivas, preservativos y dispositivos anticonceptivos implantables de larga duración, estaba originalmente destinado a su distribución en países en desarrollo a través de programas de ayuda exterior estadounidense.
Según informó un alto funcionario del Departamento de Estado a Catholic News Agency, la decisión de destruirlos surgió tras detectarse que algunas organizaciones no gubernamentales, previamente contratadas para distribuir estos productos, podrían haber participado en prácticas de aborto coercitivo o esterilización involuntaria. El costo de la destrucción se estima en aproximadamente 167.000 dólares, una cifra significativamente menor que los varios millones que habría costado el reetiquetado de los productos para su reventa.
La administración rechazó las solicitudes de grupos abortistas internacionales y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para adquirirlos, reflejando la estricta aplicación de la Política de Ciudad de México. Esta política, ampliada bajo el mandato del presidente Donald Trump, elimina la asistencia federal a organizaciones involucradas en actividades relacionadas con el aborto.
La medida forma parte de un esfuerzo más amplio para retirar el financiamiento a iniciativas relacionadas con el aborto, incluyendo la suspensión total de 335 millones de dólares en fondos al UNFPA. Esta agencia había sido acusada por defensores provida de respaldar prácticas abortivas coercitivas en países como China.
Rebecca Oas, directora de investigación del Centro para la Familia y los Derechos Humanos (C-Fam), destacó los vínculos históricos entre la planificación familiar internacional y la promoción del aborto.
«El movimiento internacional de planificación familiar ha estado inextricablemente ligado al lobby abortista desde que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) formó la Oficina de Población en 1969», señaló Oas.
La investigadora también expresó su preocupación por casos de coerción, citando informes sobre mujeres musulmanas rohingya en Bangladesh que fueron obligadas a recibir implantes anticonceptivos de larga duración para acceder a raciones de alimentos. «Los grupos de planificación familiar admitirán que su problema no es la falta de suministro sino la falta de demanda», agregó.
El padre Tadeusz Pacholczyk, eticista senior del Centro Nacional Católico de Bioética, criticó los programas anteriores de planificación familiar respaldados por Estados Unidos, calificándolos como «imperialismo abortista y anti-familiar». Argumentó que los gobiernos extranjeros deberían obtener anticonceptivos de forma independiente si los necesitan, afirmando que «Estados Unidos y las agencias de ayuda estadounidenses no deberían servir como intermediarios, suscriptores o corredores imperialistas para nada de esto».
