Plataforma por la Vida y la Familia se pronuncia contra aborto forzado a menor en Potosí
Pronunciamiento en rotundo repudio a práctica extorsiva y criminal del aborto forzado el 16 de mayo a una adolescente en Potosí, Bolivia, perpetrado por la Defensoría de la Niñez, instituciones gubernamentales y grupos feministas. La Plataforma por la Vida y la Familia exige al ministerio público iniciar la investigación correspondiente.
La Plataforma Ciudadana por la Vida y la Familia, en el marco de su misión de promoción y defensa del Derecho a la Vida desde la concepción hasta la muerte natural, se pronuncia ante lo sucedido en la ciudad de Potosí – Bolivia, el 16 de mayo del presente año. Fecha en la cual se toma conocimiento, mediante la transmisión en directo de la Radio Kollasuyo, de un hecho de violación y embarazo de adolescente, con estado de gestación entre seis y siete meses, la misma que sufrió tortura, dado que fue inducida a un parto prematuro provocado, generando como resultado el fallecimiento del niño en el vientre de su madre. Por tal motivo, ante la vulneración al derecho a la vida, integridad física y violación a la libertad de decisión de los ciudadanos, elevamos las voces de la ciudadanía boliviana, señalando lo siguiente:
La Constitución Política del Estado en su artículo 15. que señala en forma textual: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. Al mismo tiempo el mencionado artículo reconoce que en nuestro país no existe la pena de muerte. El Código de la Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548) en su Artículo 5.- dice: Sujetos de Derechos. – y reconoce en forma contundente que la Niñez, se inicia desde la concepción hasta los doce años cumplidos, existiendo un conjunto de normas en la legislación boliviana que amparan y protegen la vida. El Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por Bolivia en su artículo 4 dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Como sociedad nos sentimos una vez más agraviados por esta agresión sexual a una menor de edad y al mismo tiempo extrañados que las autoridades que intervinieron en el presente caso, hayan promovido y exigido la muerte del niño (a) concebido, siendo que la prioridad, tal como establece la CPE y el Código de la Nina, Niño Adolescente, es la vida de la madre y del concebido, con la agravante de que, en el presente caso, el embarazo se encontraba en etapa avanzada, entre seis y siete meses de vida, habiéndose violentado el consentimiento, la voluntad de la familia y de la menor quienes habían optado y decidido por tener a la indefensa criatura. Esto, en total incumplimiento de la C.P.E., que en su artículo 14 Núm. IV, señala que “En el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni a privarse de lo que éstas no prohíban”. Es necesario que la sociedad boliviana conozca que el aborto al que fue sometida la menor de edad puso en riesgo la vida de la madre y quitó la vida de su hijo, quien, en el momento del alumbramiento, no recibió los auxilios correspondientes, es decir la madre fue torturada al recibir los protocolos de la muerte y el niño no nacido fue torturado en el vientre materno y no recibió los cuidados necesarios en procura de proteger su vida, es decir ambos sufrieron torturas durante el proceso.
Las acciones de las autoridades tales como el Defensor del Pueblo, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Fiscalía y funcionarios públicos en general que hubieren participado de los hechos descritos precedentemente, evidencian una conducta homicida en contra de la vida de dos bolivianos y menores de edad tanto la niña como su pequeño hijo, por lo que exigimos al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes de oficio, para llegar a la verdad histórica de los hechos bajo los principios y valores donde la vida es el bien superior a ser protegido.
Al mismo tiempo denunciamos que la libertad de prensa y el derecho a la libertad de expresión y de información, está siendo amenazada por parte de funcionarios públicos, que quieren acallar las voces que valientemente se han levantado en Potosí defendiendo el derecho a la libertad y la vida, vulnerando la Constitución Política del Estado en su artículo 21 numeral 5 y 6. Asimismo, la libertad de conciencia está siento avasallada, pisoteada y conculcada al obligarse al personal médico y sanitario, a practicar estos procedimientos bajo coacción y amenazas, impidiendo que puedan ejercer su “derecho a la objeción de conciencia”.
Finalmente señalamos que la cultura de muerte está siendo promovida por las autoridades públicas en Bolivia mediante la muerte de niños (as) inocentes en el vientre materno, contraviniendo lo establecido en el Artículo 263 del Código Penal, que dice: “Aborto.- El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocares su expulsión prematura” y lo más grave es que se interpreta tendenciosamente y manipulada la “Sentencia Constitucional 206/2014, donde el Tribunal Constitucional concluye que un aborto incondicional y en todas las etapas de desarrollo del embrión no es constitucionalmente admisible” con lo que se evidencia que el proceder exteriorizado en el presente caso por las autoridades públicas de Potosí, se encuentran fuera del marco legal vigente que establece el derecho a la vida como premisa fundamental de la sociedad boliviana. Por lo cual, cabe remarcar que dicha Sentencia Constitucional no obliga a la realización del aborto, mal llamado” Interrupción Legal del Embarazo”, sino que es un delito que transgrede la Constitución.
Por lo expuesto precedentemente, exigimos que las instituciones del estado garanticen el derecho a la vida del niño por nacer; denunciamos ante la Comunidad Internacional estos actos homicidas que se están cometiendo en Bolivia y manifestamos que ¡¡¡permaneceremos vigilantes y activos en defensa de la vida!!!.
Por la PLATAFORMA CIUDADANA POR LA VIDA Y LA FAMILIA – BOLIVIA








